‘UNA HELADERA EN ORBITA’

DEMEMBRANDO EL ESTADO

Las políticas de un gobierno que facilita el monopolio de las amistades de la única Patria por la que milita: la financiera. 

Con esa frase con que titulamos, el entonces candidato presidencial Sergio Massa se refirió a la puesta en órbita del ARSAT-1, allá por el año 2014. Ese fue el primero de nuestros satélites geoestacionarios en funcionamiento. ¿Cuál es su función? La de operar el espacio satelital de usufructo nacional para brindar espectro a las diversas empresas de servicios de telecomunicaciones, telefonía y televisión.

En estas líneas revisaremos la importancia del debate que hoy nos convoca acerca de la empresa nacional en general y, en particular, sobre nuestro tercer satélite geoestacionario.

Durante la presidencia de Néstor Kirchner, la industria de las telecomunicaciones comenzó a ser considerada como política de Estado. La perspectiva de democratizar la información, la palabra y las comunicaciones dio como resultado una serie de leyes y medidas que modificaron no sólo el mercado sino también a la sociedad en su conjunto.

En el año 2006, el Gobierno Nacional decidió hacer uso de las posiciones orbitales que corresponden a nuestro país según tratados internacionales. Que ese espacio estuviera sin explotación era consecuencia de la quiebra de la empresa que durante la década del ´90 tuvo a cargo los satélites en órbita, ya caducos.

La decisión política fue la de fundar ARSAT S.A., la empresa nacional que tomaría la posta en la materia, y con ello elaborar un plan de ensamblado y desarrollo de estos maravillosos astros artificiales que implican tener incidencia en uno de los mercados más influyentes del funcionamiento global: las comunicaciones.

Durante la presidencia de Néstor Kirchner, la industria de las telecomunicaciones comenzó a ser considerada como política de Estado. 

En 2010 se construyó el ARSAT-1, primer satélite puramente desarrollado en Argentina por argentinos. El mismo que se puso en órbita desde la Guayana Francesa en el año 2014 y que motivó las agresiones de los candidatos a la presidencia para las elecciones de 2015 por la oposición. “Fue una heladera en órbita” para Sergio Massa; fue un “despilfarro” para Mauricio Macri. Ese mismo año electoral se puso en órbita el ARSAT-2, con una ampliación del espacio de cobertura, llegando más allá de la línea del Ecuador.

Después de los comicios triunfantes de Cambiemos – y como sucedió con toda la órbita del Estado Nacional – reinó la incertidumbre respecto del futuro de la empresa. A principios de 2016 el gobierno comandado por el titular de SOCMA despidió a 22 trabajadores con cargos jerárquicos y conservó al equipo de científicos que tenía a cargo el ensamblado y desarrollo del ARSAT-3 (cuya cobertura llegaría incluso al norte del continente americano). Sin embargo, tal proyecto se encuentra suspendido.

A mediados de julio de este año, la empresa quedó bajo la jurisdicción del ministerio de Modernización, a cargo del superministro Andrés Ibarra. Para el 18 de ese mes, se dio a conocer un principio de acuerdo que involucra a nuestra ARSAT y a Hughes Communications, empresa de telecomunicaciones de capitales norteamericanos. La intención de tal preacuerdo es el compromiso de crear una compañía conjunta, que sería denominada NewCo y que se encargaría del ensamblado, desarrollo y operación del satélite ARSAT-3.

Ministro de Modernización, Andrés Ibarra

La curiosidad al respecto reside en el detalle de la constitución accionaria de tal compañía. Mientras ARSAT S.A. sería propietaria del 49%, la empresa norteamericana se quedaría con el 51%, resultando así firma mayoritaria. En términos legales, debiera ser imposible. Ello sin tener en cuenta la obligatoriedad que tal proyecto tiene respecto de la aprobación por parte del Congreso, ya que la sociedad argentina se encuentra protegida por la ley 27078 de Desarrollo Satelital.

Debemos entonces preguntarnos, una vez más, cuál será la vocación del Gobierno a cargo del Estado sobre la industria de la información y las comunicaciones en relación con el derecho de acceso que tenemos como ciudadanos.

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