DISJUBILADO Y DISPENSIONADO

EL MODELO DE LA QUITA DE DERECHOS ADQUIRIDOS

El modelo económico establecido desde diciembre de 2015 conlleva el vaciamiento de las esperanzas de nuestros abuelos. 

El gobierno de Mauricio Macri arremetió contra los jubilados y pensionados una vez más. No le bastó la quita de los remedios del PAMI, ni el coqueteo con la idea de subir la edad de retiro laboral; tampoco el escándalo de febrero, cuando por modificación de la ley de movilidad jubilatoria se planteó una ‘readecuación’ del cálculo semestral de las jubilaciones, que reducía notablemente el porcentaje de aumento a asignar. No bastó la irrisoria suma ofrecida por la ‘reparación histórica’ que, en la mayoría de los casos, no superó los 100 pesos de aumento.

Esta vez, en medio de una discusión nacional por la quita de pensiones de discapacidad a muchos beneficiaros acusados de falsificar su situación de salud -pese a estar certificada por directivos de hospitales públicos-, el Gobierno intimó a los pensionados por viudez que justificaran con documentación fidedigna las relaciones que los llevaban a gozar del “beneficio”. Filas de abuelos con papel en mano  naufragaron en el turbio mar de la “nada histórica” cuando se decretó la ya famosa marcha atrás.

En un año y medio de gestión, el gobierno de Cambiemos mostró exactamente cuáles eran los cambios de su interés. El sistema previsional nacional fue candidato a suplir la falencia de activos y los agujeros financieros generados por la quita de impuestos a sectores de la oligarquía que dejaron de pagarse gracias a las leyes y los decretos de un gobierno de su clase. Fueron beneficiados los propietarios de grandes campos de exportación, las mineras, los adquisidores de autos alta gama, entre otros. Y esa deuda, como acostumbran las familias patricias, la paga el pueblo obrero con la quita de sus derechos.

El escenario histórico de Argentina frente a esta temática, retoma el eterno conflicto de los países de la región, con los mismos contendientes: siempre que los dueños de los medios de producción se enriquecen y los imperios económicos nos proponen soluciones crediticias, los derechos de las clases populares que pugnan por engrosar las filas de la clase media caen estrepitosamente.

El sistema previsional cumple una ardua misión social dentro de la relación de los Estados y su pueblo obrero. Es el mecanismo que administra los recursos existentes en pos de garantizar los derechos de trabajadores, pensionados y jubilados. En la Argentina, la historia sufrió vaivenes bruscos en ese sentido. De forma incisiva los beneficios previsionales fueron utilizados por diferentes gobiernos como variable de ajuste económica; como también cobraron relevancia y fueron reivindicados en gestiones donde el Estado se encargó de supervisarlos.

Los segundos previos a la partida de Rodolfo Estivill, el jubilado de 91 años que se suicidió en las oficinas de ANSES en Mar del Plata.

Un muy acotado repaso de la historia sitúa la aparición de los primeros conflictos sindicales a fines del siglo XIX, con la aparición de los primeros gremios modernos del país, que llegaban de la mano de las inmigraciones. Las élites patronales comenzaron a atender algunas de las problemáticas manifestadas por las organizaciones de trabajadores, de cara a detener la creciente tensión que se expandía por distintos sectores gremiales. Pero fue en las dos gestiones peronistas, entre 1944 y 1955, donde estos derechos se reglamentaron e hicieron extensivos al conjunto de los trabajadores.

El escenario histórico de Argentina frente a esta temática, retoma el eterno conflicto de los países de la región, con los mismos contendientes: siempre que los dueños de los medios de producción se enriquecen y los imperios económicos nos proponen soluciones crediticias, los derechos de las clases populares que pugnan por engrosar las filas de la clase media caen estrepitosamente.

Así pasó Frondizi con la Ley 14.499 que eliminó lo progresivo del sistema al establecer que la jubilación ordinaria correspondería al 82% móvil de la remuneración asignada a ese oficio, cargo o función. Onganía, con las Leyes 18.037 y 18.038 centralizó las discusiones sindicales en tres grupos: trabajadores del Estado, autónomos o industriales, cuestión que derivó en una homogeneidad en las demandas, eliminando las cuestiones sectoriales de cada colectivo; todo esto, de la mano del aumento de la edad jubilatoria.

Con la dictadura cívico militar de 1976 llegó la abrupta regresión. En 1980 se eliminaron las contribuciones patronales transfiriendo la financiación de la previsión social al nuevo Impuesto al Valor Agregado (IVA) que distribuía el “costo” en la totalidad de la sociedad. La naciente democracia de Alfonsín en 1983 retomó las contribuciones patronales en un intento de palear el desequilibrio financiero que había provocado la transferencia de recursos de los dueños al pueblo; pero la situación era realmente crítica y la política pública implementada fue una nueva transferencia del costo sobre otros impuestos, nuevamente al pueblo, en gas, electricidad y servicios telefónicos. El desequilibrio financiero era tal que se retrasaron los pagos de haberes y se profundizó una crisis económica que hacía caer la calidad de vida de los jubilados, a la par de toda la sociedad. Entre 1983 y 1987 los haberes jubilatorios medios se redujeron un 36% y un 21% más del ’87 al ’89.

La historia no se reproduce en sí misma ni por la mano mágica de un ente abstracto como “el mercado”, el ciclo del pueblo lo define la política que él mismo elige en las urnas

El menemismo fogoneado por los organismos multilaterales de crédito internacional implementó el pase del sistema de reparto público (que consiste en que la población activa financia a la pasiva) a un sistema de capitalización individual, consistente en un sistema de ahorro  para la vejez en cajas personales de retiro. Este fue el puntapié para el nacimiento de las Administradoras de Fondos de Jubilaciones y Pensiones (AFJP) que eran empresas de capitales privados, públicos o mixtos que administraban los aportes y percibían comisiones por ello. La merma de aportes a las arcas estatales fue uno de los condimentos de la crisis que se agudizó durante toda la década de los ’90 hasta el 2001.

La gestión de La Alianza también tomó cartas en el asunto. Ante la crisis económica, De La Rúa y su ministro de Economía, Machinea resolvieron imponer el Blindaje que consistía en tomar deuda y, dentro de los acreedores principales se encontraban las AFJP. Es decir que, con los fondos que antes administraba el Estado, empresas privadas solventaban las arcas del mismo Estado imponiendo cuantiosos intereses. Con la pesificación en 2002 de los ahorros, los fondos redujeron su valor en un 50 por ciento. Comenzaba a discutirse la necesidad de una reforma.

En el año 2008, ante una crisis irremontable del sistema privado de previsión social, el Gobierno de Cristina Fernández de Kirchner envió al Congreso un proyecto de ley que terminaba con la regulación de las AFJP y reconstruía un sistema de reparto estatal de jubilaciones y pensiones, haciendo caso por vez primera en décadas al postulado del artículo 14 bis de la Constitución Nacional que pone al Estado como garante del sistema de previsión social. En la Cámara de Diputados, la Unión Cívica Radical (implicada en el caos económico del gobierno de La Alianza), el PRO y la Coalición Cívica, encabezaron los 75 votos que se opusieron al a iniciativa, frente a 162 que aprobaron la iniciativa. En el Senado, una amplia mayoría determinó que el proyecto se convertía en a Ley 26425.

Las interminables colas para presentar documentación.

Esta legislación buscaba reparar los daños de un sistema privado que había cobrado 12.200 millones de dólares en comisiones. Con esta política pública, incrementó en gran medida la cantidad de aportantes, y se dio un crecimiento del Fondo de Garantía de Sustentabilidad que pasó de 98083 millones de pesos en 2008 a 482660 millones a finales de 2014. La sanción de la Ley 25994 fue el broche de esta impronta, se creaba la posibilidad de acceder a la jubilación mediante una moratoria que incluía a los trabajadores informales, permitiendoles acceder a un beneficio privativo del trabajador registrado.

El régimen previsional nacional está atravesado por un conflicto horizontal a su historia sobre la administración pública y privada. Cada vez que organismos privados se encargaron del bienestar de la clase trabajadora, intervinieron organismos internacionales con promesas de créditos salvadores, endeudaron al arco argentino haciendo que el pueblo pague los costos de su bicicleta. Por eso la intervención del gobierno de Cristina Kirchner fue elemental en el recupero de los fondos públicos (que dejaron de depender de la oscilación del mercado mundial) y la incorporación de nuevos beneficiarios que recuperaban poder adquisitivo, reflotando incluso el consumo y reactivando la economía nacional.

Cualquier similitud entre la situación actual y algún pasaje de esta redacción, NO es pura coincidencia. Cuando dicen que la historia es cíclica bien se puede responder: la historia no se reproduce en sí misma ni por la mano mágica de un ente abstracto como “el mercado”, el ciclo del pueblo lo define la política que él mismo elige en las urnas.

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